SIP lamenta condena judicial contra ‘La Prensa’
Miami, Sociedad Interamericana de Prensa
panorama@prensa.com
SENTENCIA. Según la condena del Juzgado Segundo Civil, ‘La Prensa’ está obligada a pagar 300 mil dólares a la fiscal Argentina Barrera LA PRENSA/Archivo
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lamentó ayer un fallo judicial “altamente sorprendente” contra el diario La Prensa de Panamá, que lo obliga a indemnizar con 300 mil dólares a una fiscal en un juicio por difamación, después de que el periódico publicara informes oficiales sobre las irregularidades que había cometido la funcionaria judicial durante su gestión.
La jueza segunda del circuito civil, Miriam Cheng de Aguilar, condenó el pasado 30 de abril a la Corporación La Prensa a indemnizar a la fiscal Argentina Barrera por “daño moral”, ocasionado por la publicación el 30 de agosto de 2005 de dos notas tituladas “Procuraduría sigue a la caza de corruptos” y “Por faltas a la ética destituyen a otra fiscal”. Las notas hacían referencia a lo expresado en comunicados oficiales del Ministerio Público (MP).
El presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, subdirector de Diario Las Américas, lamentó el fallo al que calificó de “altamente sorprendente”, porque “se corre el riesgo de dejar sentado un antecedente judicial peligroso, haciendo a los medios de comunicación y periodistas responsables de la información oficial que emana de las fuentes gubernamentales”.
Aguirre agregó que “se trata de una restricción y un mensaje de censura que se impone no solo al periodismo y a las fuentes oficiales, sino al derecho que tiene el ciudadano de acceder a información oficial”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Robert Rivard, indicó que “se trata de una sentencia muy preocupante que esperamos sea desechada por los tribunales de apelación, porque desconoce totalmente cuál es la función del periodismo, sobre informar sobre hechos de interés y relevancia pública, especialmente cuando involucra a funcionarios estatales”.
El comunicado oficial del MP de la época explicaba que la fiscal Barrera había sido removida de su puesto por la Procuradora de la Nación por “faltas a la ética”, así como otros funcionarios judiciales, cuyos nombres también fueron incluidos en la noticia dada por el diario.
Además de citar el pronunciamiento del MP, La Prensa recogió en su reportaje las declaraciones de Barrera, quien en 2008 fue reinstalada en su puesto por un fallo de la Corte Suprema de Justicia que también ordenó el pago de sus salarios suspendidos.
Fernando Berguido, director de La Prensa, anunció que apelará la sentencia que también incluye el pago de costas por 51 mil dólares.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de mil 300 publicaciones del hemisferio occidental, y tiene sede en Miami, Estados Unidos.
Para mayor información, por favor, visite el sitio http://www.sipiapa.org
CNP alerta contra la censura
La Junta Directiva del Consejo Nacional de Periodismo (CNP) también se pronunció ayer y dijo estar consciente de lo que representa el fallo del Juzgado Segundo Civil para la libertad de prensa y, en tal sentido, afirmó que “no cederá un milímetro en la defensa de los principios constitucionales que garantizan la libertad de información y de opinión”.
En un comunicado suscrito por Guillermo José Adames, presidente del CNP, dicho organismo gremial exhortó a sus afiliados “a mantenerse alertas ante la expedición de fallos judiciales que desvirtúan la función primordial de los medios de comunicación social de emitir mensajes informativos producidos por órganos del Estado, o por personas naturales o jurídicas, cuyo contenido y potenciales responsabilidades legales, económicas o de otra índole, solamente corresponden a los actores de los mensajes y no a los transmisores de dichos mensajes, conforme lo establece la legislación y la jurisprudencia nacional e internacional”.
Además, el CNP indicó que “…tales fallos, así como los intentos de ejercer formas de control y censura; o de coacción tributaria indebida a empresas periodísticas [...] vulneran el estado de derecho que sustenta el sistema democrático…”.
El Consejo Nacional de Periodismo rechazó categóricamente “la injerencia estatal en los medios de comunicación social y en el ejercicio de la profesión del periodismo…” e hizo “…un llamado a la ciudadanía para que tome conciencia crítica de las acechanzas del autoritarismo que conduce a limitar las garantías constitucionales, empezando por la libertad de prensa…”.
Comments
Dejar un comentario
