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Extradición de Noriega


Panamá mantendrá petición de extradición de Noriega

PANAMÁ. (ACAN-EFE).

Manuel Antonio Noriega habla a los periodistas en mayo de 1989.

El gobierno de Panamá anunció hoy que mantendrá la petición de extradición del ex general Manuel Antonio Noriega, a pesar de la decisión de las autoridades francesas de condenarlo a siete años de prisión por el delito de blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico.

“El Gobierno mantiene su posición en que el ciudadano panameño Manuel Antonio Noriega debe cumplir las sentencias dictadas por las autoridades judiciales panameñas y enfrentar los procesos pendientes en Panamá”, detalló la CancillerÍa panameña a través de un comunicado de prensa.

Según el documento, el Ministerio de Exteriores panameño está a la espera del informe oficial del fallo, preparado por la misión diplomática y los abogados que representaron al Estado panameño en la reclamación individual “para determinar las acciones a seguir”.

Además de la condena a siete años de prisión, Noriega deberá indemnizar con un millón de euros (un 1.2 millón de dólares) al Estado panameño en concepto de reparación e intereses por daños morales.

Asimismo, tendrá que pagar 2.3 millones de euros (unos 2.9 millones de dóalres) a la aduana francesa en los mismos conceptos y otros 10 mil euros (unos 12 mil 641 dólares) por gastos legales.

Panamá como acusado particular, reclamaba unos 27 millones de euros (unos 33.2 millones de dólares) como reparación por el daño moral y material del país, a causa del blanqueo de dinero del narcotráfico.

Por su parte, el abogado defensor de Noriega en Panamá, Julio Berríos, dijo a Acan-Efe que la condena dictada por la justicia francesa, “es un desenlace lógico por las presiones de Estados Unidos para mantener al ex general Noriega alejado de su país”.

“Todo este mecanismo de extradición de parte de Francia, difícilmente iba a terminar con una sentencia absolutoria”, agregó Berríos.

Dijo que, en su opinión, a Francia sólo le interesaba el aspecto económico porque “dos millones de euros (unos 2.5 millones de dólares) para el Estado francés (…) es una sentencia desproporcionada”, en comparación con la condena física que se le impuso a su defendido.

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